La Justicia, ¿Igual para todos?

Una de las máximas del sistema político liberal es la de asegurar una Justicia igual para todos los ciudadanos. Sin discriminaciones por razones de ideología, renta, raza o sexo (y así lo plasman todas nuestras constituciones). De la mano de este principio, está la de garantizar una separación de poderes real (Montesquieu). Son dos principios muy nobles pero Marx ya señaló hace doscientos años que la justicia formaba parte de la superestructura y que daba servicio a la clase burguesa  para subyugar a los dominados. Esta crítica se ha mantenido a lo largo del tiempo pero se fue diluyendo. Hemos creído ciegamente en la real independencia de poderes. Las nuevas tasas para la justicia así como el escándolo de los indultos vienen a desmentir este idealismo liberal para reforzar la crítica. Crítica que asegura que la justicia está hecha por los ricos para explotar y mantener dominados a los pobres.

Antes de entrar en materia, me gustaría señalar un ejemplo en el cual se puede observar claramente la estructura de poder dentro de la justicia y como ésta es una herramienta para mantener la opresión de unas elites sobre el resto del cuerpo social. El ejemplo son las multas. En efecto, el hecho de que las sanciones no se hagan en función de la renta sino que estipulen una misma cantidad para los infractores es un indicador de como se castiga la pobreza y no el delito o la falta. Si excedes el límite de velocidad la sanción es de 100 euros (por poner un ejemplo). Pero claro, ¿es lo mismo pagar 100 euros si ganas 1000 al mes que si ganas 10 000? En un caso la infracción se penaliza con un 10% de su salario mientras que en el segundo se penaliza con un 1% del mismo. En definitiva, se castiga ser pobre, no el haberse saltado la ley (igual para todos). Si la ley fuera la misma para todos las sanciones también deberían serlo. Pero cuando se ponen cantidades desconectadas de tu salario no se está sancionando el infrigir la ley sino el ser pobre. De esta forma, una multa debería estipularse en función de la renta (en vez de 100 euros pues el 10% de tu sueldo por ejemplo, lo que sería igual para todos).

Relacionado con el punto anterior está la nueva reforma en la justicia aprobada por Gallardón. Las tasas judiciales no son sino un mecanismo más del sistema para blindarse frente a los pobres. Ahora deberemos pagar para recurrir una multa (200 euros), para recurrir un despido improcedente (1250 euros, esto unido a la nueva reforma laboral deja en una situación extramadamente precaria al trabajador), para reclamar una factura errónea de 80 euros (200 euros), esto por poner algunos ejemplos. Llegamos así a la desprotección absoluta del ciudadano frente al Estado por un lado y frente a las grandes empresas y a los ricos por el otro. Estamos a la merced del Estado y los ricos. Nosotros, los de abajo, no podemos permitirnos pagar estas tasas (además siendo éstas, en muchas ocasiones, más altas que las propias sanciones). La dictadura se impone de manera mucho más sutil que antaño. En vez de decirte que no tienes derecho a protección judicial o a recurrir sanciones injustas o medidas injustas impuestas contra tu persona te dicen que debes pagarla (cuando saben que no puedes pagarla, a no ser que seas rico). Algo parecido ocurre con la cultura. En vez de imponer la censura, le pones un IVA al 21%. El dinero es el subterfugio utilizado para imponer y blindar su sistema contra nosotros. Todos sabemos que todas estas tasas no van a suponer un gran incremento de ingresos para el Estado (para empezar son más disuasorias que recaudatorias) ni un gran ahorro. Se puede meter la mano en muchos otros sitios si se desea recortar (Iglesia, Defensa, SICAVs…).

Por último, es de menester comentar el caso de los indultos que dispone el poder ejecutivo (inmiscuyéndose de esta forma en el poder judicial), todo atado y bien atado. Desde el año 2000, los distintos gobiernos han realizado cerca de 10 000 indultos a personas condenadas por la justicia. Sabiendo que la población presidiaria es de 70 000 es una cifra enorme. Ha habido algunos casos sonados, como los policías condenados por el accidente del YAK 42 o el de los mossos condenados por torturas (este es especialmente grave, ya que significa que el Estado legitima y alimenta las torturas), además del de los condenados por corrupción. La idealista separación de poderes queda así en evidencia. No existe en el estado español.

Queda más claro que nunca que la Justicia ni es igual para todos ni es una institución neutral. La dictadura financiera necesita de estas herramientas para imponerse a la sociedad.

Abolir la pena de muerte

El debate sobre la legitimidad de la pena de muerte suele ser  llevado a análisis poco rigurosos y exentos de argumentos jurídicos. Aún hoy en día aproximadamente un 30% de la población (según encuestas del CIS) en España y un 40% en Estados Unidos está a favor de la pena capital. También se ha reabierto el debate sobre la cadena perpetua.  Os dejo el trabajo de un buen compañero, jurista, sobre la pena de muerte:

¿Es la pena de muerte legítima? Intentaré responder a ello analizando su validez en las diferentes funciones que se le otorgan al derecho penal y a la pena. Me serviré principalmente, para hacerlo, de todas aquellas argumentaciones que la justifican, las cuales intentaré rebatir una por una. En primer lugar y según la función retributiva de la pena, se podría argumentar que dado que la pena ha de ser equivalente o proporcional  al mal ocasionado, en los casos en que el delincuente haya matado sería legítima la consecuencia de la pena de muerte. Para atacar este razonamiento creo viables dos argumentaciones. La primera argumentación ataca a la propia función retributiva de la pena, la cual no es acogida en el Estado moderno (al menos no como función legitima, aunque si en parte como límite a la función punitiva) . Esto es así porque el Estado no tiene como función  la realización de una Justicia “objetiva” y “absoluta“, sino la de prevenir delitos. En primer lugar porque la justicia objetiva no existe (la justicia siempre será un valor subjetivo que variará según el sujeto), y es de esperar que el sentido subjetivo de justicia de la víctima (o de algún familiar) sea el de exigir la muerte del que ha matado (disfrazando de justicia su voluntad de venganza), pero no es función del estado satisfacer esa voluntad. Además este concepto de justicia es religioso y/o moral, y en el Estado actual este contenido no puede imponerse a lo jurídico. Sin embargo este razonamiento nos llevaría a que solo no sería legítima la pena de muerte en un Estado en el que la función retributiva de la pena no se tenga en consideración (con lo que en otro modelo de Estado si lo sería: Estados absolutistas, totalitarios..)

Con mi segunda argumentación intentaré atacar la validez de la pena de muerte dentro del razonamiento de la función retributiva (con lo cual se podría extender a otros modelos de Estado que sí la tuvieran en consideración). Kant dice que el hombre es un fin en si mismo, y que no es lícito instrumentalizarlo en beneficio de la sociedad (así fundamenta que no es legítimo castigar por utilidad social). Si la pena va dirigida al delincuente, que no debe ser instrumentalizado  en beneficio de la sociedad, entonces tampoco debe instrumentalizarse en beneficio de la víctima. Y si la pena se dirige a él, y él es considerado un fin en si mismo, no sería legitimo quitarle la vida pues el castigo no le serviría para el delincuente, el cual es el único destinatario de la retribución.

A continuación analizaré la validez de los razonamientos que justifican la pena de muerte por razón de utilidad social, es decir según la función de prevención general. Uno de los más oídos y lógicos es aquel en que se presenta la pena de muerte como una amenaza coactiva máxima por la que el delincuente “se lo pensará dos veces antes de actuar”, ya que correrá el riesgo de ser ejecutado por el Estado. Para empezar esto parte de la premisa de que el delito es algo racional, cosa que en muchos casos no es, con lo que en casos de delitos pasionales esta coacción a la vida no tendría mas efectos que los de una condena de 15 años, puesto que el delincuente solo relacionará el hecho con algo  susceptible de ser castigado, y en la mayoría de casos no variará su actuación. En el caso de que sea un acto racional tampoco necesariamente servirá como medida disuasoria, ya que el delincuente esperará no ser descubierto de la misma manera  que  si la pena es de una larga temporada de privación de libertad. Mi principal crítica a la pena de muerte en este sentido es que si la usamos como amenaza coactiva, esto abre la veda a castigos que, con el único fin de evitar delitos, conmocionarían a la conciencia incluso de todo aquel que defiende la pena capital y  que sin embrago serían igualmente legítimos ya que tienen el mismo fundamento (evitar delitos). Por ejemplo establecer como pena tortura publica o linchamiento sería plenamente justificable para evitar delitos. Incluso con el límite de la proporcionalidad a cualquiera le escandalizaría la idea de una pena de violación, o mutilamiento. En este sentido las únicas amenazas legítimas que tendría que tener el Estado serían las patrimoniales y las privativas de libertad. Con la pena de muerte se abre el acceso a penas que afectan a la integridad física del delincuente.

Otro argumento que justifica la pena de muerte es la necesidad de prevenir delitos de aquellos delincuentes reincidentes e irremediables que a pesar de la pena de prisión seguirán delinquiendo al salir (“con lo cual la solución es matarlos”). Ante esto se tiene que partir de que es indemostrable que un delincuente (por muchos delitos que lleve a sus espaldas) vaya a volver a delinquir. El hecho de que la última pena que le aplicaran no funcionara para que no volviese a delinquir ( y todas las anteriores), no implica que esta vez no vaya a funcionar. Aunque (para poner un caso extremo)  el mismo delincuente proclamara su voluntad de seguir delinquiendo, esto y su historial no sería una garantía empírica de que lo hiciera, y por tanto nunca se podrá clasificar a nadie con esa condición de irremediable que volverá a delinquir, haciéndolo merecedor, en beneficio de la prevención general, de la pena capital (o incluso de la cadena perpetua). Además el hecho de que parte de los delincuentes que salen de prisión vuelvan a delinquir no esconde el hecho de que muchos de los que salen no lo vuelven a hacer. No se le puede exigir al derecho penal eficacia absoluta en su reintegración pues este tipo de asuntos no son sencillos y entran en juego infinidad de variables, pero no por el hecho de que algunos reincidan se deduce que la solución es matarlos (siempre hablando de delitos que conlleven pena capital). Finalmente, y  si tenemos en cuenta la función de prevención especial de la pena, nos encontramos con la falta de validez mas grande y chocante de todas:  la pena de muerte no cumple para nada la función de prevenir delitos en sujetos que ya han delinquido, porque no les deja esa posibilidad de resocialización (los mata). No creo que exista ningún argumento favorable a la pena de muerte en este sentido, pero si en el estado en el que vivimos (o en cualquier estado social y democrático de derecho) se considera la prevención especial como parte integrante de la función de la pena (aunque no sea su único fundamento sino que se enmarque en la fase judicial y de ejecución de la pena), ¿cómo vamos a considerar que es legítima la pena de muerte si una de las principales funciones que se le asigna a la pena no se cumple en absoluto? .

Para acabar, si analizamos la legitimidad de la pena de muerte en términos de la legislación vigente veremos que la propia Constitución en su artículo 15 la prohíbe con un matiz: salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para  tiempos de guerra. Y aunque es cierto que actualmente no existe ninguna ley militar que establezca la pena de muerte como legítima pena, el hecho de que la constitución lo permita abre la posibilidad a que en un determinado momento si que pueda ser legitima la pena de muerte (planteando algún interrogante como a qué se considera “tiempo de guerra”). Además podríamos también tener en cuenta que el artículo 1 de la ley general penitenciaria nos dice que las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social (prevención especial), cosa que no nos dejaría introducir la pena de muerte dentro de sus funciones, pues chocaría de frente con su fin primordial. Como conclusión diré que no he encontrado ningún fundamento (que se sostenga en pie) que, en base a la función de la pena, pueda legitimar la pena de muerte en el Estado actual. Con ello y con el hecho de que la propia Constitución la prohíbe (con el matiz comentado, que no debe ser menospreciado) llego a la conclusión de que la pena de muerte no es legítima en el Estado actual. Carlos Castellví

¿Inseguridad o Sensación de Inseguridad? La legitimación del Estado penal neodarwinista.

(parte de este post se basa en un texto muy recomendable del sociólogo Loïs Wacquant;La inseguridad social y la escalada punitiva)

Según el Departamento de Justicia norteamericano, en Estados Unidos, en el año 2009 había más de dos millones y medios de reclusos. En los centros penitenciarios españoles, según el Ministerio del Interior, hay 76 mil prisioneros (2010). En el año 2000, según la misma fuente  habían 45 mil reclusos. La población española creció en el mismo periodo de tiempo un 20% (pasando de aproximadamente 40 millones de habitantes a 48 millones), pero la población reclusa creció un 71% en el mismo intervalo. Parece pues, a primera vista, que la delincuencia ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Una pregunta típica de criminólogos y sociólogos nos asalta ahora, ¿El que haya más prisioneros implica que haya más delincuencia? Puede que se deba al aumento de la eficacia del aparato represivo del Estado…o puede que tengamos que indagar en la raíz última de la cuestión de la delincuencia para encontrar la verdadera esencia del aumento de la población reclusa en nuestros países. Cuando observamos los índices de criminalidad, por ejemplo los de España, observamos que en la última década estos han ido descendiendo progresivamente. Así, si en el año 2002, según el Ministerio del Interior, se cometían 51,2 infracciones por cada mil habitantes en el año 2010 esa cifra bajó hasta las 45,1 infracciones por cada mil habitantes (por cierto, la cifra más baja de la UE-15). La contradicción de los datos entre el aumento de la población reclusa y la bajada de la criminalidad podría ser explicada por la simple relación causal de la misma: al haber menos delincuentes en nuestras calles se cometen menos infracciones. Esta relación es, cuanto menos, muy simple y puede ser catalogada como falaz pues en el año 1992 según el informe ODA 2005 la tasa de criminalidad era de 40 infracciones por cada 1000 habitantes, cuando la población reclusa era de 40 mil personas. Es decir, con aproximadamente las mismas infracciones por año cada 1000 habitantes la población reclusa había aumentado igualmente un 25% en el año 2003. Parece además que la represión y el encarcelamiento no parecen haber solucionado el problema.

Por otro lado, en ese mismo informe ODA de 2005(el enlace no es del informe ODA en sí, pero están todos sus datos y analizados por un catedrático de derecho penal) lo que sí que observamos en el gráfico de percepción del delito es el hecho de que si bien no aumentaban las infracciones en España cada 10 000 habitantes (situadas entorno a 5 cada diez mil habitantes entre los años 2000-2004 de forma estable) lo que aumentaba era “la preocupación por el delito” pasando del 10% en el año 2000 al 25% al año 2003 (media anual) así como el “el miedo al delito” pasando del 8% en el año 2000 al 18% al año 2003. ¿Por qué aumenta el miedo al delito si los diferentes índices de criminalidad se han mantenido estables? ¿Qué fenómeno estamos obviando?

Hace 30 años que con la llegada de Reagan se empezaron a desmantelar los estados sociales…aún así el gasto público nunca ha descendido drásticamente y puede que una de las razones sea el aumento de la políticas punitivas del Estado Penal. Se recortó en ayudas sociales, en políticas activas de empleo…para aumentar las de prisiones, policía y defensa. Este hecho, además de no permitir corregir las causas subyacentes de la delincuencia de baja intensidad  no estaba justificado de ningún modo. Nunca ha habido, ni en España ni en EEUU, según todos los datos disponibles, un aumento de la tasa de criminalidad. Ésta siempre se ha mantenido más o menos estable y ha descendido en los últimos años, y aún así quieren poner más policía (recordemos por ejemplo la campaña electoral de Sánchez Camacho en Cataluña donde quería poner 5000 mossos más para garantizar la seguridad ciudadana).

¿Saben por qué hacen esto? El miedo vende, el miedo son votos. El PP ha basado muchas de sus camapañas en la lucha contra el terrorismo, aún hoy cuando éste es prácticamente inexistente (ETA a anunciado varios altos el fuego y en los últimos 5 años ha matado a 12 personas, la mayoría policías en algún tiroteo, los grupos neonazis españoles han matado a 15 en el mismo intervalo) le sigue dando cancha para movilizar electorado. Ayudados por la prensa sensacionalista que nos bombardea cada día con multitud de noticias de sucesos que no importan a nadie más que los propios interesados (involucrados), nos quieren imponer la cultura del miedo. Salir a la calle te puede costar la vida con tantos maleantes sueltos y tan poca respuesta policial. Recordemos que la legislación española es de las más severas de Europa, a la mínima te vas a la cárcel aunque nos quieran hacer creer lo contrario.

Lo que es preocupante es el aumento de LA SENSACIÓN de inseguridad entre la ciudadanía, que viene impuesta desde grupos interesados y no de la experiencia propia. No quieren que estemos tranquilos. Por otra parte, todo lo exigente que se es con la pequeña delincuencia (se pide la sangre) se es de permisivo con la gran delincuencia, la de guante blanco. Corrupción, evasión fiscal a gran escala, balnqueo de dinero…Millet robó 20 millones de euros del palau de la música y sigue estando en la calle.

Hemos basculado, en palabras de Bourdieu, de la intervención de la mano izquierda del Estado (social, keynesiano) al de la mano derecha del estado (la de la competencia, el neodarwinista). Y no parece que la dinámica vaya a cambiar…Lo curioso de todo esto es que los costos de la implantación de un Estado Penal son parecidos al de un Estado Social, por ejemplo, un prisionero español cuesta como media al año 20 mil euros (datos del Ministerio del Interior 2010). Un desempleado cuesta apenas 15 mil euros al año.

Todo está relacionado, todo va en la misma dirección. Menos derechos sociales, civiles, laborales, más deberes y la continua criminalización de las clases populares.